58. La Xunta de Galicia investigó el Servicio de Prevención de Correos y Telégrafos

Foto: Baldo

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, ha investigado a la empresa Estatal Correos y Telégrafos, S.A., en materia de salud laboral. Como resultado de la acción inspectora la autoridad sanitaria de Galicia, ha concluido que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Correos y Telégrafos no cumple con la normativa de aplicación. El comportamiento presunto de ciertas personas físicas de esta Sociedad Estatal, podría suponer abuso de poder, pretendiendo ampararse en una inexistente privilegiada situación, por ser una empresa del Estado. Tal pretendido amparo -bajo la sombra de la empresa- no puede darse, en ningún aspecto, ya se trate de una empresa del Estado o de cualquier otra de carácter privado pues, la Ley es de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos y ninguna persona física puede obviar tal cumplimiento. Ni que decir tiene que, la empresa no debería consentir este comportamiento presunto, debiéndose actuar con carácter inmediato, sin menoscabo de las acciones directas, contra dichas personas, que puedan derivarse de las reclamaciones que los interesados perjudicados, en materia de salud (derecho fundamental amparado por la Constitución), puedan plantear en su momento por la vías civil y penal. Es menester puntualizar que, al hacer referencia a comportamiento presunto de ciertas personas físicas, lo es partiendo de la seguridad y el convencimiento de que, tal comportamiento, no puede ser una política emanada de las directrices de la propia empresa -en cuyo Consejo de Administración existe representación de la Administración socialista- sino, necesariamente habrá de provenir del presunto comportamiento de ciertas personas físicas en el rango de la gestión. A título de ejemplo, entre otros, son múltiples las actuaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, requiriendo a Correos y Telégrafos, la entrega de la Historia Clínica laboral de empleados que ven como se les niega el acceso a la misma. La razón de tal negativa, no puede ser otra que la falta de la misma, por no haber sido elaborada incumpliéndose de plano la normativa en materia de salud, al tiempo de estarse produciendo situaciones lamentables durante años, manteniendo en puestos de trabajo inadecuados a personas con enfermedades profesionales, adquiridas en la propia empresa y conocidas por esta. Esto resulta muy caro. Son destacables multas cuantiosas por cesión a terceros de datos sobre la salud de los empleados, sin consentimiento expreso de estos o, el mantenimiento en situación de incapacidad transitoria -en sus casas-, sin solución de continuidad, a muchos empleados a los cuales no se les adecua, a instancia de la propia empresa, su puesto de trabajo conforme a la patología que padecen. Todo con dinero de todos, mala gestión de las relaciones laborales, pésimo tratamiento del factor humano, fundamental pieza de la empresa. La cuestión no es baladí, es un claro ejemplo de incumplimiento empresarial de la mayor empresa del país y con capital del Estado. Situación que como queda dicho, ahora es conocida por las autoridades, muchas de las cuales evidencian pudor y vergüenza ajena. ¿Qué intereses pueden existir para que no se tomen medidas en este asunto? Múltiples son también las intervenciones de la Inspección de Trabajo, entre otras, en Asturias, Cataluña, Granada por incumplir las medidas de seguridad y salud. Situación que tiene que estarse dando a lo largo de todo el territorio nacional. Concretamente, conocido en Galicia, concluido por la autoridad sanitaria de la Xunta el incumplimiento de la normativa, al no ser legal el Servicio de Prevención de riesgos de la empresa, ¿qué tipo de actuaciones preventivas y de seguridad de los empleados, ha podido estar haciendo a lo largo de los años Correos y Telégrafos?, ¿qué tipo de actuaciones preventivas viene desarrollando actualmente?, ¿quienes son los responsables personales -con dinero público-, además de la obligada responsabilidad solidaria de la empresa?, ¿qué actuaciones ha realizado la autoridad desde que conoce tales incumplimientos?. Hablamos de una empresa propiedad de los ciudadanos. Cumplir la ley, además de ser una obligación y un deber, resulta más económico y evita daños. Es necesaria la intervención urgente de las autoridades al respecto y, también cuanto antes, depurar responsabilidades -incluso las penales- de las personas físicas que cobran de una empresa del pueblo para hacer bien estas cosas y que siendo conocedoras de las situaciones, están presuntamente causando daño por acción y omisión, sin justificación alguna, máxime cuando se les ha requerido, respecto de la aportación de documentos al efecto, respecto de la adecuación de puestos a las patologías conocidas, respecto de la inadecuación de adscripción de cierto personal con discapacidad en puestos y situaciones de claro riesgo. Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez

57. Correos y Telegrafos. La Empresa

Correos y Telégrafos, no es una administración pública, es una sociedad anónima regida lógicamente por la Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre), su órgano de gobierno es la junta de accionistas, constituida por el accionista único, el Estado propietario actualmente del cien por ciento de las acciones. La junta de accionistas (el Estado) nombra al Consejo de Administración y de este resulta la Comisión Ejecutiva. La sociedad anónima es representada por el Presidente del Consejo de Administración que lo es también de la Comisión Ejecutiva. Cualquier persona que actúe en nombre de Correos y Telégrafos, deberá hacer valer su representación a modo de poder notarial que habrá de ser nominativo y cuando una persona actúe en nombre de Correos y Telégrafos para tratar de las materias de personal funcionario que la empresa tiene encomendadas, tal poder notarial nominativo del representante, necesariamente habrá de emanar directamente del Consejo de Administración (órgano de administración). No puede por tanto un directivo que ha recibido facultades administrativas del Consejo de Administración delegarlas ni en todo ni en parte a otros directivos, jefes o rangos inferiores y, ello, por principio de derecho y por imperativo legal de que no pueden delegarse potestades que se han recibido por delegación -Delegata potestas delegari non potest-. En base al principio y precepto legal señalado en el párrafo anterior, cualquier órgano de las Administraciones Públicas, cualquier ciudadano o empleado de dicha sociedad, deberá saber por tanto, que cuando trate con un representante de Correos y Telégrafos como empresa, está ante una empresa sociedad anónima como cualquier otra de las que operan en España,sujeta al derecho privado y éste representante de la misma deberá acreditar su representación conforme a la Ley de Sociedades Anónimas, con poder nominativo. Ahora bien, si tal representante trata con las Administraciones, con los ciudadanos o con sus empleados en cuestiones referentes a los funcionarios que prestan servicio en la empresa, habrá de acreditarse ante dichas administraciones, ciudadanos o empleados con el poder nominativo emanado directamente de Consejo de Administración, toda vez que, como ha quedado dicho, no puede, otro órgano que hubiere recibido poderes del Consejo de Administración con potestades administrativas, delegar las mismas a su vez. Lo contrario sería darle a Correos un poder que ninguna Administración tiene en pura lógica, ya que las potestades habrán de ser publicadas en los diarios oficiales, según el ámbito en el que operan, provincia, comunidad autónoma o estatal. En la práctica, se dan situaciones en las cuales algunas Administraciones Públicas, al no reparar en esta cuestión aunque sin duda la conozcan, intercambian relaciones administrativas, en materia de personal funcionario, con personas físicas de la empresa Correos y Telégrafos que carecen de potestades administrativas, por no tenerlas conferidas por poder nominativo emanado directamente del Consejo de Administración. Entiéndase que si no tienen tales potestades, no puede ser por otra razón que la de que Correos y Telégrafos no quiere que las tenga, de lo contrario se las daría en la forma dicha, que es la establecida por la normativa. La abogacía del estado ha manifestado respecto de las facultades administrativas: "...y la forma de determinar los órganos encargados del ejercicio de las mismas tiene que ser, obligatoriamente, por apoderamiento del Consejo de Administración inscribible en el Registro Mercantil..." El Estatuto del Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, dice: ..."El órgano de administración de la Sociedad Estatal determinará los distintos puestos directivos a los que corresponda el ejercicio de las potestades en relación con el personal funcionario". Resulta extraño, por no decir chocante que no se publiquen en los diarios oficiales, los nombramientos y poderes de aquellos directivos que reciben potestades administrativas en materia de personal funcionario, toda vez que, los funcionarios de Correos y Telégrafos deberían conocer quienes ostentan potestades y cuales son estas,igual que cualquier otro funcionario de las Administraciones públicas, ¿por qué no se hace así?. Si bien, cualquiera puede y debe solicitar a quienes la invoquen, la acreditación de poseer tales potestades, si así lo desea. Decíamos al principio que Correos y Telégrafos no es una Administración Pública, no puede ejercer autoridad pública. Es por tanto, la sociedad estatal actualmente, una empresa cien por ciento propiedad de los ciudadanos, que en definitiva constituyen la verdadera y única -de momento- junta de accionistas, junta -los ciudadanos- entiendo, ante los cuales han de darse cuentas, ya sean estas económicas o de cualquier otra índole. Esta empresa, viene obligada a cumplir con la normativa en las mismas condiciones que cualquier sociedad anónima, sujeta al derecho privado salvo en las materias en que le sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación.Habrá de cumplir toda la normativa en materia de relaciones laborales, seguridad social, prevención de riesgos laborales, etcétera, en calidad de sociedad anónima, en cuanto empresa sujeta al derecho privado. Cualquier incumplimiento en materia de empleo, cotizaciones o prevención de riesgos en tanto empresa no puede ser tratada de manera distinta a lo que realmente es, una sociedad anónima inscrita en el Registro Mercantil. Al mismo tiempo, esta sociedad estatal, habrá de recibir el mismo tratamiento y disfrutar de los mismos derechos y privilegios que cualquier otra empresa pública o privada sociedad anónima, en base al derecho constitucional de igualdad. Ni más, ni menos. Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez

56. Los empleados de Correos y Telégrafos deberán de tomar buena nota, en materia de Prevención de Riesgos.

Lo que a continuación se dice, es de aplicación a todos los trabajadores en general al servicio de cualquier empresa y a quienes ostentan relación laboral o son funcionarios civiles o estatutarios al servicio de cualquier empresa pública; siendo empresario a estos efectos también cualquiera de las Administraciones Públicas en la que presten servicio. Ahora bien, dadas las circunstancias tan específicas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos que tiene funcionarios adscritos, y dejando claro que está excluida del tratamiento de organismo público, haremos alusión especial a los empleados de dicha Sociedad, debiéndose entender extensivo como queda dicho a cualquier otro trabajador, funcionario o estatutario, en los términos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL): “…tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones Públicas…”

Es fundamental para los empleados de Correos y Telégrafos, tener muy claro que en materia de Prevención de Riesgos Laborales, son responsables de su cumplimiento, la empresa y las personas físicas que por acción u omisión, incumplen con la normativa de aplicación.

La primera obligación a tenerse en cuenta, es la de garantizar la seguridad y salud del empleado en el trabajo, lo cual quiere decir que, las personas físicas que a diario en el centro de trabajo, bien por su actuación o por falta de ella, viniesen causando o no trataren de impedir daño en la salud de un empleado, estarán incurriendo en un incumplimiento y habrán de asumir responsabilidad directa, igual que la propia empresa.

Hay incumplimiento cuando no se ponen los medios con independencia del resultado de tal acción y omisión.

En Correos y Telégrafos, pudieran estarse dando situaciones en las que las personas físicas con responsabilidad en la empresa, hacen vista gorda en situaciones flagrantes de no cumplimiento de la normativa y oídos sordos a las reiteradas solicitudes en materia de prevención o, cuando un empleado comunica una lesión o un daño en su salud como consecuencia de las relaciones laborales o administrativas.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:

“el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”.

Aquí, no obstante debemos hacer hincapié en la negligencia grave de quién no sólo no pone los medios, sino también de quién a sabiendas de estar causando daño o lesión, no cesa en tal actuación, ni habilita los medios. El Código Penal tipifica; a) delitos contra la seguridad y salud en el trabajo y b) delitos y faltas de lesiones y de homicidio:

a) “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”

b) “cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código”.

Al referirnos a Correos y Telégrafos, debemos tener en cuenta que la clausura de un centro de trabajo, aunque no imposible, es harto difícil por razones obvias, si bien podría recaer mayor responsabilidad si se tercia, contra las personas físicas que incumplen a sabiendas con la normativa, amparándose como viene siendo costumbre en la posible cobertura de la empresa, la cual –cobertura- no puede permitirse bajo ningún concepto, ni como empleados, ni como ciudadanos. Por ello es de recordar que el Código Penal en su artículo 31 dice:

“el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. En estos supuestos, si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito, será responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actuó”.

La protección de la salud es un derecho fundamental de los ciudadanos trabajadores y de ello habrán de tomar buena nota los empleados de Correos y Telégrafos.

El cumplimiento de las normas en la materia, ha de exigirse puntualmente del empresario y de las personas físicas que intervienen por acción u omisión, como queda dicho, debiendo resarcirse al perjudicado o a sus causahabientes, reparando íntegramente los daños causados y sus consecuencias.

Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez

55. En el ámbito del trabajo, las personas acosadoras también a juicio, junto con la empresa

(Graffiti -"abuso"-) 

 El Tribunal Supremo abre definitivamente la puerta para actuar, en los casos de acoso laboral, contra los acosadores directos, los cuales hasta ahora, en muchos casos se escondían tras el amparo de la empresa. El Supremo considera que en los casos de acoso, además de demandar al empresario habrá de hacerse también "a todas las personas o entidades, de cualquier clase que sean, que hayan intervenido de una forma u otra en la vulneración del derecho fundamental". La Sentencia llega en un momento muy interesante, dadas las circunstancias y los hechos que se están produciendo en Correos, siendo de destacar el último en La Coruña, donde se ha movilizado el personal de la Sociedad Anónima Estatal, en contra de la presunta conducta delictiva de individuos de la sucursal 4 de la ciudad herculina, con el consentimiento silencioso de los responsables en la provincia y de la Dirección Territorial de Galicia, silencio típico y habitual en todo tipo de acosadores. El acoso laboral es un acto ilegal de cobardía que debemos combatir todos, sin límites. Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez 

54. Correos habrá de renovar sus capitanes, ¡va siendo hora!

Foto: Baldo

Leemos y oímos hoy en los medios de comunicación que los empleados de Correos en Ponteareas mantienen una huelga, y existe mucha correspondencia sin repartir; nos dicen también que la empresa no se ha puesto en contacto con los trabajadores en huelga. Una vez más, y ya van muchas, los gestores de Correos en Galicia dejan que desear en lo que al cumplimiento de las leyes se refiere, y digo lo del cumplimiento de las leyes porque es en donde sí se les pueden pedir cuentas a ellos y a quienes les amparen, pues en otros aspectos brillan totalmente por su ausencia. Todos conocemos que lo poco que vienen realizando en el ámbito de los negocios, es en base a su posición de dominio amparados en su condición de empresa con capital del Estado pero, en lo referente a talento, a gestión empresarial modélica o cualquier otra actuación que pueda subrayarse como especial, nada de nada. La Audiencia Nacional acaba de dictar sentencia por la que abre un buen bocado a la iniciativa privada en materia de contrato de servicios con las Administraciones. La Sociedad Anónima Estatal no cumple las mínimas normas de salud y prevención de riesgos laborales principalmente en Galicia y por si fuera poco, desatiende reivindicaciones legítimas de sus empleados al tiempo que de una manera vulgar, se desentiende de su compromiso con los ciudadanos, en calidad de operador público. ¡Grave!, es una empresa de todos mal gestionada. La buena fe del empresario, regirá en cada momento pero, de una manera especial habrá de regir cuando surja un conflicto; ahora bien, si como consecuencia del conflicto se causare daño a terceros, los ciudadanos, siendo la empresa de capital del Estado, estamos sin ninguna duda ante una actitud prepotente de parte de quienes la ejercen tras el amparo de un poder que ellos no tienen, es aparente y lo mantienen porque, de momento, nadie ha destapado el velo. Algunos cargos ocupan su puesto de "responsabilidad" desde hace mucho, mucho tiempo. La solución podría venir por un cambio a la modernidad, abrir las ventanas y que entre aire fresco y puro, sobretodo limpio y puro. Correos habrá de renovar sus capitanes, ¡va siendo hora! Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez 

53.El debate. ¡Que hablen ahora de hoy mismo, del futuro otro día, si existe!

La controversia del cara a cara, de quienes tienen que convencer con gestos a la ciudadanía, tiene en el próximo debate un olor especial. De una parte, quienes han perdido el interés dado el bombo y platillo de la convocatoria anterior, que luego resultó ser menos de lo anunciado; y de otra parte, quienes tienen sus esperanzas puestas en poder sacar en limpio, en esta segunda vuelta, una verdadera alusión a las pretensiones Puede decirse que Zapatero, viene pidiendo a voces una masiva salida a la calle de todos aquellos votantes que, en los últimos años se quedan en casa y eluden la responsabilidad de ejercer el poder de que disponen. Nos comunica el candidato socialista a diputado que, son necesarios cuatro años más para terminar gran parte de lo iniciado En el ambiente se respira confianza hacia quién ha llevado las riendas del país en la última legislatura, confianza que no está falta de reproches a ciertas carencias e imprudencias que podrían ser fruto de la insuficiente mayoría parlamentaria que les ha hecho sentirse en manos de quienes le sacan una buena tajada a los apoyos. El gobierno socialista ha liderado iniciativas de carácter social que darán mucho que hablar en años venideros y que como en otras ocasiones, llegarán a ser base para ciertas políticas incluso conservadoras; que, como en otras ocasiones, hoy rechazan la iniciativa y mañana la vendarán como propia. Ejemplos mil, repárese en la efusiva defensa de la vigente Constitución española, otrora rechazada También puede decirse que Rajoy, viene pidiendo en voz alta que no se hable del pasado, de ese tiempo no muy lejano que pesa como una losa y que no ha tenido el adecuado tratamiento ante la sociedad. La gente, ya sea de izquierdas, ya lo sea de derechas, quiere que se les hable con franqueza en ciertos asuntos que llegan a repercutir seriamente hasta en la propia economía, no hay más que ver como ha subido el precio del petróleo. La gente, sobre todo, quiere ver como un dirigente político pide disculpas, sabiamente, cuando comete errores. Lo contrario puede llevar a pensar que ha habido mentira de por medio, cuestión que en muchas ocasiones forma parte del "todo vale electoral", pero que afortunadamente tiene un límite y ese límite no es otro que el bienestar y la seguridad de los ciudadanos Lo que sigue no es pasado, es ardiente presente y viva actualidad: - En Iraq han muerto muchísimos seres humanos y siguen muriendo. Dos de los principales países protagonistas de la intervención, de alguna forma, han pedido disculpas sobre su equivocada acción, a través de representantes políticos directamente implicados o de otros que lo hicieron indirectamente, piden perdón sobretodo en campaña electoral. Es necesario que ante propios y ajenos Don Mariano Rajoy pida disculpas y asuma lo que otros no supieron hacer a su debido tiempo - Navarra no ha sido moneda de cambio en la negociación con ETA y hoy el Partido Popular gobierna la Comunidad Foral con el apoyo de los socialistas. Nada mejor para evitar enfrentamientos que saber estar a la altura de las circunstancias, el PSOE cedió el gobierno navarro y el PP deberá reconocer públicamente que no eran ciertos sus presagios, sino más bien todo lo contrario - Cataluña sigue siendo España y no se ha desmembrado el Estado - Los homosexuales se casan, sin distinción de signo político - La política de inmigración, delicada donde las haya, vista desde la perspectiva de un país emigrante requiere de cierta cordura, máxime cuando muchos de los votos que se reciben desde el otro lado del océano vienen precisamente de los residente emigrados a aquellos lares americanos, entre otros Una segunda vuelta requiere claridad y dar la cara, hablar de presente con un pie puesto en el pasado como contrafuerte a la solidez de las promesas y propuestas y, con otro pie en el "futuro" como ventana abierta a la esperanza. Todo ello con argumentos, recurriendo a lo vivido y a los hechos para que los ciudadanos indecisos sepan a quienes están votando. Para que todos los ciudadanos nos sintamos orgullosos de votar a su opción política con la mirada limpia, serenos y respetuosos con quienes piensen lo contrario Que nos hablen del presente, ese que se viene construyendo en los últimos años y del que ambos aspirantes son directos protagonistas Que no se imponga la felicidad, es un concepto subjetivo. Decretar felicidad es la mejor manera de conseguir que nadie sea feliz ¿No? Baldomero Gómez

52.Una posible desigualdad en la "Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar" de Galicia

Es necesario que la opinión pública conozca lo que, a mi entender, supone un lamentable trato de desigualdad hacia un colectivo asalariado y ajeno a la política que, son utilizados como los portavoces inmediatos de ciertos políticos ante la sociedad. Los centros sociales no son, como mucha gente piensa centros de tercera edad o dedicados a los jubilados, son espacios que el Estado pone a disposición de los ciudadanos en general –sin distinción de edades o de condiciones físicas- para el encuentro, el desarrollo de actividades, la participación en cursos formativos, la asistencia a charlas y conferencias, organización de eventos y espectáculos, excursiones a cualquier parte del mundo, la lectura, el acceso a la Internet y un largo etcétera de actividades y servicios coordinados y programados por un asalariado o asalariada, empleado de la Administración competente. Son pues, las Directoras y Directores de los centros sociales, quienes hacen posible de manera directa, a pie de calle, la política social básica y de bienestar que el gobierno de turno presta a los ciudadanos. Estos profesionales, lejos de lo que muchas personas puedan pensar, en Galicia no son nombrados por libre designación según el color político en el poder, son por el contrario personal al servicio de la administración pública que accede por oposición a tal cargo y son por tanto asalariados, trabajadores por cuenta ajena, regulados en Convenio Colectivo que además de su trabajo, han de entregar su propio talento y disponibilidad, en ocasiones por encima de las exigencias del puesto por el que cobran y de la jornada habitual al uso. Cuando se habla de la entrega de su propio talento y disponibilidad, debe entenderse que además de las directrices propias emanadas de los políticos de turno en relación al cumplimiento de sus programas electorales, estas trabajadoras y trabajadores, ponen a disposición de los ciudadanos sus aptitudes personales más allá de la propia condición de empleados públicos y, ello es así, hasta el punto de tener que sufragar de su propio bolsillo los gastos necesarios en los desplazamientos y otros, para lo que no percibe contraprestación económica alguna. Son pues, trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo único de la Xunta de Galicia y constantes en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo que perciben sus retribuciones acordes a un grupo de clasificación profesional pero que, a la hora de evaluar sus condiciones de trabajo y por ende su retribución salarial, no se tienen en cuenta realmente sus funciones que además de las propias de gestión del centro, coordinación y responsabilidad en materia de personal, relaciones públicas, animación sociocultural, tienen las extraordinarias de salidas fuera de las dependencias, incluyendo pernoctas, en excursiones, espectáculos así como, la de representantes sociales de la Xunta de Galicia en su ámbito de actuación. Desigualdad en la Vicepresidencia de Igualdade por cuanto, este colectivo percibe complemento salarial en concepto de dirección, una cantidad entorno a los 200 euros, pírrica si la comparamos con lo que cobran otros colectivos con menos responsabilidad, menos rentables políticamente ante la ciudadanía y que no tienen que gastar de su bolsillo en ninguna ocasión o trasladarse, incluyendo pernocta, fuera de su domicilio. Lo que resulta más lamentable es comprobar que el propio Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Xunta, prevé para el complemento especial de dirección un importe de hasta el 32 % del salario bruto anual, pero a estas trabajadoras y trabajadores la Xunta les viene abonando en torno al 13,4 %. Tras la imagen cara a la ciudadanía, de impecable labor social, podría esconderse el “arréglense como puedan” y una posible desigualdad en la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Solución la hay, sin lugar a dudas. Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez

51.El ejemplo de Correos y Telégrafos, S.A.

Últimamente, muchos trabajadores se plantean qué pueden hacer para instar a las inspecciones y autoridades a la exigencia real del cumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos y salud laboral. Es cierto que, las inspecciones en muchos casos actúan de oficio pero en la mayoría de las situaciones, se hace necesaria la denuncia expresa y esta habrá de hacerse adecuadamente, en evitación de que las propias autoridades se vean impedidas o dificultadas para realizar sus investigaciones. El ejemplo de Correos y Telégrafos, S.A.: Venimos leyendo en la prensa que, algunos sindicatos están plantando cara a los gestores de Correos y Telégrafos, S.A. en materia de prevención de riesgos laborales. Desde aquí no podemos menos que felicitarnos por tal iniciativa, tardía pero a fin de cuentas necesaria para poner freno a la situación injustificable de graves incumplimientos al respecto en la mayor empresa del Estado. Denuncias encadenadas sobre inadecuación de mobiliario, carencia de instalaciones, accesos, almacenajes, acoso, falta de protecciones, etcétera; suponen un buen comienzo sin lugar a dudas. Ahora bien, la cuestión radica en la propia responsabilidad de quienes parten del incumplimiento básico de las leyes y esto sí ya es grave. Grave hasta el punto de que si no se soluciona previamente este aspecto, las denuncias planteadas en las demás materias sufren un retraso enorme, dado que primeramente, las inspecciones y autoridades deben llegar al origen. Para hacerlo más inteligible, hay que decir llanamente que la empresa viene obligada a constituir un Servicio de Prevención o concertarlo con una entidad especializada. En ambos casos, tal Servicio deberá estar acreditado, cuestión que en Correos y Telégrafos, S.A. no se cumple, toda vez que la Autoridad Sanitaria, después de someter a la empresa a una auditoria, ha manifestado que la misma incumple la normativa de salud laboral. Así las cosas, volviendo a lo que nos traía, conviene que todos ya sea individual o colectivamente exijan antes que nada el cumplimiento de lo básico, que no es otra cosa que la acreditación legal de los servicios de prevención y la exigencia a la empresa de las medidas de prevención que habrá de exhibir documentalmente, máxime en las situaciones en que existan patologías previamente conocidas. Esta habrá de ser, entre otras, una de las denuncias básicas y elementales que las organizaciones y los empleados individualmente deben plantear ante las inspecciones y autoridades. La empresa responderá directamente de la inadecuación a las normas legales de su Servicio de Prevención y, como consecuencia de tales incumplimientos en materia de prevención de riesgos y vigilancia de la salud de sus empleados y empleadas, habrá de indemnizar y asumir tal responsabilidad en los ámbitos administrativo, civil y penal. No podemos olvidar que, además de la publicación de los incumplimientos en esta materia que se llevará a cabo por parte de las administraciones, en el caso de Correos, al tratarse de una empresa pública, habrán de responder también sus gestores, tanto a nivel general como territorial ya que son los responsables directos en una empresa con capital del Estado, debiendo dar cuentas ante los ciudadanos, además lógicamente de resarcir a los interesados de los daños causados. Al mismo tiempo debemos apuntar que, como ya se ha dicho en otro artículo de este sitio, los médicos de empresa tienen funciones preventivas y han sido integrados en los servicios de prevención por Ley, no es su función el control de las ausencias al trabajo con motivo de baja médica, cuestión esta que habrá de hacerse en locales, y con medios materiales y humanos diferenciados de los propios del Servicio de Prevención. Señalar que el personal sanitario de los Servicios de Prevención deberán conocer las patologías que padecen los empleados, pero únicamente a los efectos de identificar dichas patologías con el desempeño del trabajo. Son muchas las patologías que tienen su origen en el trabajo y que no son tratadas adecuadamente, redundando en crónicas, cuya responsabilidad es de la empresa - y de los gestores públicos de la misma- que sin lugar a dudas habrá de responder por ello. Esta habrá de ser, otra de las denuncias básicas y elementales a plantear ante las autoridades. Salvo mejor parecer Baldomero Gómez 

50.Huelga en Correos, ¡la ocasión podría ser muy buena!

Los Sindicatos de Correos, coinciden en la necesidad de una movilización unitaria para dejar claro a la empresa, que las empleadas y empleados deberán de ser respetados. La cuestión ahora, parece centrarse en si es oportuno con tanta celeridad, en si se debe permitir que tengan protagonismo sólo los convocantes a la huelga los próximos días 19, 20 y 21 de Diciembre o en si, no se han tenido en cuenta otras invitaciones en anteriores años o, si quizás habrá de consensuarse un poco más una movilización de tal envergadura. Imperará el interés general y seguramente los no convocantes respetarán y recomendarán el seguimiento de la huelga. ¡El sentir de los trabajadores está muy claro! Ahora, ¿qué es lo importante? El hecho de que otras organizaciones sindicales o incluso la plataforma social, apoyen esta convocatoria, supondría sin duda alguna, un paso importantísimo como confrontación de base para luego, una vez recuperada la iniciativa social cara a la negociación, cada uno plantear sus propias pretensiones. Sumarse a una convocatoria propiciada por otros sindicatos, no desmerece las reivindicaciones propias que en pura lógica deberán hacerse también públicas, ni supone perder protagonismo, si bien todo lo contrario toda vez que, todos vienen en coincidir en la necesidad de una movilización, que aunque con discrepancias técnicas, estas habrán de ser expuestas y discutidas en su momento, en la mesa de negociación o incluso previamente. Favorecer y motivar una iniciativa que se centre en la necesidad de alzar la voz frente a un proceder injusto, es lo mejor que pueden hacer en este momento todos, empleadas y empleados -muy cansadas y quemados/as-, organizaciones sindicales y plataforma social. No debería considerarse precipitado un acto constitucional de contestación -contenido durante mucho tiempo-, que está en el ánimo de todos, bajo pretexto -respetable siempre- de que habrán de discutirse ciertos aspectos no puntualizados; y ello, porque las discrepancias existentes en cuanto a la reivindicación puntual de cada organización es lógica y enriquecedora. Tres días de huelga en unas fechas tan propias del Correo, suponen un toque de cordura y fuerza en cuanto al sacrificio de los empleados y empleadas, que en definitiva -como siempre- habrán de hacer frente ellos mismos a las consecuencias y, una buena lección para los actuales responsables de la empresa ante la opinión pública. Huelga en Correos, ¡la ocasión podría ser muy buena! Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez 

49. La movida en Correos, podría estar a punto de empezar

Foto: Pilar Rodríguez Costas

Es muy posible que se esté perfilando, una nueva opción social que haga frente de manera eficiente y concluyente a los improperios habidos en Correos -la mayor empresa del país con 67.000 empleados-. De todos es sabido que, la actual "dirección" del operador público postal descansa en la tranquilidad de una supuesta paz social que le viene garantizando un sindicato, que ha sacado unos resultados "formidables" en las últimas elecciones sindicales. Al mismo tiempo, también todos sabemos que han habido ciertos cambios cualificados en resultado electoral, cambios que son significativos en lo que a personal funcionario se refiere e importante también en el laboral, lo cual ha supuesto el desplazamiento claro de una de las fuerzas sociales que como sindicato cómplice en su momento, sirvió de aval a la "dirección". Actualmente, una vez celebradas las elecciones sindicales y con los resultados sobre la mesa, quedan muchas cuestiones a tratar; siendo la que mayor preocupación acarrea la del incierto futuro de la empresa pública ante la inminente liberalización y lógicamente, también es prioritario desde el punto de vista social, la adecuada salida que debe darse al personal. De entre todas las múltiples opciones, entre las cuales se encontrarían, sin duda, la laboralización de cierto número de funcionarios, las jubilaciones anticipadas, etcétera; que, hasta fechas muy recientes, podría decirse de tales cuestiones, que iban sobre ruedas al estar en perfecta sintonía el trino formado por la "dirección" y dos fuerzas sindicales (en algún tiempo fueron tres los sindicatos). Los resultados electorales, como hemos dicho, han traído novedades que a primera vista no parecían de importancia pero que, vistas con cierta calma dibujan una perspectiva muy interesante si se hacen las cosas adecuadamente; a saber: 1) Una fuerza sindical de perfil corporativo y específico de Telecomunicación, adquiere mayor relevancia de la que venía ostentando y se sitúa en una posición privilegiada, ante cualquier negociación interna y externa, toda vez que dispone al mismo tiempo de protagonismo en la Mesa General de la Función Pública al estar federada con una organización de la Administración y con presencia en este ámbito. 2) Otra fuerza de las principales del país, que se ha apartado de las antiguas pretensiones de los actuales dueños de Correos, podría estar en vías de preparar su indudable buena estructura, en sintonía para plantar cara y plantear conjuntamente con las actuales fuerzas discrepantes, otras alternativas que puedan dar una salida honrosa, para el personal afectado y para el futuro de la empresa pública. Repárese en el esfuerzo por suprimir la exclusión x.11, que ya viene de más de tres lustros, cuando ya se exigía la modificación del punto 2 del artículo 1º de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en el sentido de eliminar la especificaciones de adecuación a las peculiaridades, entre otros, de los funcionarios de los servicios postales. 3) Las otras fuerzas sindicales nacionales y nacionalistas, que sin duda darán un valioso juego en todo lo que suponga un nuevo planteamiento técnico de las posibles distintas salidas, dada la nueva situación. 4) La existencia de un movimiento social de base, incipiente, que es germen de la identificación de la lucha directa percibida por los empleados. 5) La también posible aparición de alguna otra organización de alcance técnico-profesional y político. 6) El limite temporal, fijado por el Parlamento europeo en el 2011. Así las cosas, el tándem "dirección" - sindicato cómplice, podría verse amenazado por una fuerza extraordinaria que dará al traste con sus aspiraciones. Por otra parte, los buenos resultados electorales, no son suficientes para hacer frente a una movida que, necesita de muchos otros ingredientes, distintos y distantes de los meramente sindicales puntuales; no sirve para nada la campaña de prensa -lavado de cara prosaico y denodado- insistiendo en la denuncia de culpar a Zapatero de la posible inviabilidad de Correos, cuando todos sabemos de donde vienen las cosas. Ahora toca la parte técnica y no la tienen preparada. Todos somos conscientes, de que aquí no servirán soluciones basadas en modelos, entre otros, del tipo Corporación Radiotelevisión española, S. A., por razones obvias. La movida en Correos, podría estar a punto de empezar. Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez

48.Relación entre lesión padecida y trabajo realizado

Foto: Baldo

El Tribunal Supremo viene de dictar una sentencia que apuntala la consideración de profesionales, aquellas enfermedades que se producen en el trabajo aunque el padecimiento y sus síntomas se hubieran presentado antes de iniciarse el trabajo. La jurisprudencia exige que la falta de relación entre la lesión padecida y el trabajo realizado, se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de enfermedad que por su propia naturaleza excluya la etiología laboral, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúen dicho "nexo causal" y además, también dice la jurisprudencia que para desvirtuar la presunción de laboralidad de una enfermedad de trabajo, no es bastante que se hubieran producido síntomas de la misma en fechas o momentos inmediatamente precedentes al episodio, la presunción no se destruye porque se haya acreditado que el trabajador o trabajadora, padecía la enfermedad con anterioridad o porque se hubieran presentado síntomas antes de iniciarse el trabajo, porque lo que se valora a estos efectos no es, desde luego, la acción de trabajo, sino en el marco de la Ley General de la Seguridad Social -tendrán la consideración de accidente de trabajo: las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente- como factor desencadenante de una crisis, que es la que lleva a la situación de necesidad protegida y esta posible acción del trabajo se beneficia de la presunción y no puede quedar excluida por la prueba de que la enfermedad se padecía ya, pues, aunque sea así, es la crisis la que hay que tener en cuenta a efectos de protección. Lo que realmente empieza a ser preocupante es la falta de seriedad con la que la propia Administración se está tomando este tema de la salud laboral. El sindicato LAB ha denunciado en este mismo mes, la muerte de un trabajador el 7 de agosto debido a un infarto. La Seguridad Social le denegó la incapacidad permanente y le obligó a reincorporarse a su puesto de trabajo, en contra de la opinión de su médico de cabecera y del médico de la empresa, que certificó que su dolencia le imposibilitaba retornar a su antigua ocupación. El Juzgado de lo Social nº 5 de Bilbao en fecha 22 de mayo, sentenció en favor de los argumentos de la Seguridad Social. En junio volvió a su puesto de trabajo y, dos meses después murió. Al igual que el sindicato LAB, en el presente mes han sido múltiples las denuncias públicas efectuadas por responsables de salud laboral de UGT, CCOO, CGT, CNT y otros. Ahora bien, ha llegado la hora de actuar directamente exigiendo de las Administraciones, en aquellos casos en que previamente se denunció y ha habido inactividad, la identificación de los responsables en los concretos casos donde se de con posterioridad accidente o una patología; asimismo aquellos casos sobre salud y prevención de riesgos denunciados ante una Administración y que excedan el plazo previsto para ser considerados como silencio administrativo, habrían los sindicatos de ponerlos en conocimiento de la sociedad a fin de que puedan ser detectados con claridad los casos de inactividad que son camuflados posteriormente. Los medios de comunicación podrían jugar un papel primordial en este asunto que supone muerte y enfermedad, en muchos casos innecesariamente. Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez 

47.¡Caramba con la capa del Cardenal!

Oí hablar de ella pero no la había visto, desde luego la capa lucida por el Cardenal Cañizares se las trae, nada menos que 5 metros mide el trapito. El acto se celebró en una capilla que pertenece al Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote en Garcipliano, Florencia; esta congregación, junto con otras, pretende la restauración de la Iglesia anterior al Concilio Vaticano II. Para algunos críticos cristianos, es una exageración que contrasta con el concepto propio de cristianismo, pero lo que si es cierto, es que al Cardenal se le ve muy contento, es de suponer que previamente pudo comprobar lo guapo que estaba y, no menos satisfacción le ha tenido que producir el trato de reverencia que le otorgaron en Villa Marcelli. ¡Claro!, estas salidas de tiesto dejan en muy mal lugar a la iglesia católica, que parece separarse cada día más de la realidad del mundo; del suyo para más INRI, pues muchos de sus propios se sienten avergonzados y escandalizados de ciertas actitudes. En otro orden de cosas, la Comisión europea, por otra parte, ha iniciado acciones para investigar las exenciones fiscales que se concede al patrimonio de la Iglesia católica, en España e Italia, pues considera que podría constituir una ayuda estatal ilegal. Nada tienen que ver con la capa del Cardenal, las muy importantes cuestiones que vienen aconteciendo en el mundo real: La deuda de los españoles en 2006 supuso un 115% de su renta disponible. Los rehenes surcoreanos, parece ser, regresarán a su país este fin de semana. La Isla de Cortegada, en Galicia, vuelve a manos públicas. Se abre el juicio oral contra el dibujante y el guionista de El Jueves, acusados de presunto delito de injurias a la corona y menoscabo de su prestigio. Los niños con televisión, audio, ordenador, etcétera en su habitación, los cuales pueden quedar encendidos durante la noche, podrían acusar trastornos del sueño, lo que viene en llamarse sueño chatarra que, junto con la comida basura, resultan un serio puntapié a la calidad de vida. Los trabajadores chinos, exigen mejores salarios ¡cambios sí pero en todo y para todos!, según el The New York Times el sueldo medio ha pasado de 197 a 263 dólares. El límite de edad para encontrar un trabajo se sitúa en 31 ó 32 años; difícil lo tienen los mayores de 40. El control demográfico -1 niño por pareja-; el aumento del tiempo dedicado a estudiar por los jóvenes suponen cambios de calado en el modo de vida del gigante chino, los expertos indican que el mundo, cuando menos debe estar expectante, pues sin duda, habrá a medio plazo cambios en la economía mundial. Ahora bien, a mi lo del Cardenal Cañizares no se me quita de la cabeza. ¡Caramba con la capa del Cardenal! Baldomero Gómez 

46.Por lo que parece, movidita podría estar la vida política viguesa.

(foto playa de Rodas, Illas Cíes -Concello de Vigo-)

Chema Figueroa, habló hoy a los ciudadanos en nombre del Partido Popular. El portavoz de los populares empezó denunciando lo que denomina "comportamiento mezquino del Alcalde", refiriéndose a que viene arrogándose un protagonismo que no tiene en ciertas inauguraciones de obras realizadas por la Diputación Provincial, sin haber tenido el detalle de invitar a los representantes de dicha institución. Para Figueroa, si actúa así en cuestiones menores ¿como lo hará en los grandes acontecimientos?. 

Las playas este año, están abandonadas -no hacen un control diario de su situación como hizo nuestro gobierno- y no se les ocurre otra cosa que criticar la falta de cooperación de la Diputación, abriéndose una polémica sobre una máquina limpiadora, cuestiones de poca monta dichas por boca de un Alcalde y máxime cuando las basa en mentiras, puntualizó el portavoz del los populares vigueses. Los populares no han dejado vacías las arcas municipales, dijo Chema Figueroa, y advirtió que lo demostrarán, añadió que Vigo es de los municipios menos endeudados de España. Para el líder popular las mentiras, descalificaciones y calumnias, no son buenas. Puntualizó que Abel Caballero está obsesionado con Doña Corina Porro, actualmente disfrutando de unas bien merecidas vacaciones, obsesión que le lleva a hacer manifestaciones contra ella todos los días, en una clara estrategia de desprestigio; pero no debe olvidar el Alcalde, dijo Figueroa, que todo es cuestión de tiempo, a la meta llega el que más resiste. Hace escasos nueve meses, la Autoridad Portuaria negó a la Alcaldesa, Corina Porro, un Parque de Bomberos en sus instalaciones y ahora de la noche a la mañana se ha convertido en su proyecto prioritario y critican al gobierno anterior.

En referencia al Palacio de Congresos, para los populares, Caballero ha hecho un brindis al sol, en lugar que actuar con silencio y cautela; pues ha habido un cambio del objeto del contrato. Nosotros vamos a estar ahí, dijo, y los medios hablarán, diremos lo que pasa. Chema Figueroa cree que el BNG, socio del gobierno, está actuando con normalidad, está trabajando. El actual Alcalde de Vigo, continúo diciendo, ha boicoteado el Plan General en complicidad con la Consellería de Política Territorial de la Xunta y lo ha metido en un callejón sin salida. Otro tanto sucede con el área metropolitana que no sale adelante porque en La Coruña no hicieron en su día los deberes -en la elaboración de su proyecto- y tocó esperar. Para lo populares el área de los 28 municipios en excesivo e inviable y resulta una Diputación bis. Movidita va a estar la vida política viguesa, se vaticina acción; cuestión que por otra parte ya iba siendo hora de ir viendo en esta urbe, hermosa y laboriosa. No cabe duda, que entre los unos y los otros van a conseguir lo que los ciudadanos les han pedido y no es otra cosa que la de sacar a Vigo del actual atolladero. No debemos olvidar que el actual legítimo gobierno de Vigo, está formado por dos grupos políticos PSOE-BNG que habrán de trabajar juntos y consensuar previamente, para que los ciudadanos palpen la honestidad de su actuación municipal. Asimismo, es necesario recordar que el PP ha obtenido 66.000 votos (a tan solo 2.000 de la mayoría absoluta), 20.000 más que el PSOE y casi 40.000 más que el BNG y que, con sus 13 concejales hará, es de esperar, una oposición fuerte, de control al Gobierno y fiscalizando el propio pacto de los partidos gobernantes, porque así son las reglas del juego democrático. 

El resultado final no debería ser otro que la suma de beneficios para la ciudad y sus ciudadanos, pues ¡va siendo hora! Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez

45.Himno gallego, ¿símbolo de unidad?

Si el Himno gallego, ha sido durante mucho tiempo la forma de plantear en voz alta la reivindicación de la libertad y la unión de los gallegos de distintos pensamientos y opciones políticas, frente a la imposición y a la represión, bajo ningún concepto podrá constituirse en un símbolo de desunión y división. Si la propia letra del poema de Pondal, ha tenido en cuenta que quienes no entienden la voz del pueblo gallego -pinos rumorosos- son los ignorantes, heridos, duros, imbéciles y oscuros. Si Galicia -Fogar de Breogán- tiene un Himno, (artículo 6.2 del Estatuto: "Galicia tiene himno y escudo propios"); ¿cual es el motivo para que no deba ser conocido por los gallegos?. 

Cualquiera que sea el método para conseguir que llegue a los ciudadanos, siempre será mejor, que ver a muchos políticos de pro, en los actos oficiales o cuando la cuestión pueda "interesar", forzados moviendo los labios, aparentando conocer la letra, que no saben ni tampoco sienten. Si Xosé Luis Méndez Ferrín, citando a su paisano de Celanova, Celso Emilio Ferreiro, resaltó: "O fel del ter que vivir/ entre badulaques tantos...", quejándose de que hay quien se dedica a convertir en cómica la vindicación nacional de Galicia y ofreciéndose a tratar del Himno, si es lo que se quiere tratar... Si, muchos valores gallegos se han ido adquiriendo de muchas maneras, concretamente el Himno gallego lo fue desde la emigración, otros valores culturales adquiridos no lo fueron tampoco, precisamente desde la escuela. 

Algún medio podrá existir que, sin polémica y desunión, sin arrogarse nadie su propiedad, permita que el Himno continúe siendo lo que es y llegue a los ciudadanos pronto, desde la primera edad. Franco no consiguió cargarse el Himno, imponiendo incluso en la escuela el "cara al sol". ¡Sin sacar las cosas de quicio!. Con calma y mucho respeto a los -pinos rumorosos-, entre todos una solución se habrá de encontrar, sin olvidar los versos del poeta Curros, también de Celanova: "¿Voltaréime tolo agora, ou pillaríanme as bruxas?... ¡San Silvestre!, ¡meigas fora!" I o tambor que ó par levaba: ¡racataprán! -solasmentes ¡racataprán! -contestaba. Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez

44.El rural vigués y el área metropolitana de Vigo

Foto: Baldo, Vigo

El Alcalde de Vigo, dijo que su gobierno defiende un área metropolitana para Vigo compuesta por 28 municipios, en contraposición a los 14 defendidos por el partido popular, que Abel Caballero considera insuficientes haciendo hincapié en lo paradójico que resulta que la propia líder del PP defienda un ámbito territorial tan reducido que, el propio municipio en que ella reside quede fuera del área metropolitana viguesa que propone. Para Caballero, el ámbito territorial, cuando menos, debe converger prácticamente con el actual área de salud de Vigo.

 ¿Cómo entender un Gran Vigo, sin contar con municipios como Tui, Ponteareas, Tomiño, A Guarda, Oia...? para el Alcalde resulta contradictorio dejar fuera de Vigo lo que es de manera natural Vigo, citó como ejemplo la plataforma industrial del Puerto de 4,5 millones de metros cuadrados, de los cuales la mitad están en As Neves, resulta ridículo pretender que As Neves no compongan el área metropolitana de Vigo, cuando resulta ser que la mitad de la plataforma industrial del Puerto está en ese municipio, puntualizó el Alcalde. El diseño del Gran Vigo ha de basarse fundamentalmente en el aspecto sociológico ya existente. Es cierto también que los alcaldes implicados están de acuerdo y que, gran parte de los que conforman los 28 de Caballero, no son precisamente del PSOE sino del PP. 

 Ahora bien, siendo cierto que desde el punto de vista sociológico, Vigo viene siendo la capital de un amplio ámbito territorial, cuya actividad y vida social se centra en la ciudad; no es menos cierto que al lado de tal influencia habrá que contemplar de manera inmediata los problemas más cercanos, que afectan a aquellos que han votado en las urnas. Veamos, el municipio vigués es de los más extensos pues tiene una superficie del orden de 112 Kilómetros cuadrados, y tiene asimismo, una característica muy destacable que es el fenómeno rururbano. Nadie puede olvidar que las parroquias de Vigo mantienen su identidad social y que muchas de ellas tienen grandes dificultades, entre otras, de comunicación; hasta el punto de que pueda resultar más fácil desplazarse con regularidad y prontitud desde un municipio relativamente distante de la ciudad y no disponer de transporte o, tenerlo de manera irregular, desde un lugar del propio municipio de Vigo. En Vigo Ayuntamiento, existen registradas unas 295 poblaciones y un gran número de sus parroquias hoy funcionan como barrios -Alcabre, Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Canido, Castrelos, Comesaña, Coruxo, Lavadores, Matamá, Navia, Sárdoma, Teis, Valladares, Zamáns, Sayáns-.

 Llama la atención sobremanera a los visitantes, cuando se les traslada por el municipio o a poblaciones limítrofes el hecho, que siempre puntualizan, de que una vez hemos entrado en el municipio, rebasando el cartel indicador "Concello de Vigo" aparecen sucesivamente rótulos indicativos de la distintas poblaciones que componen el municipio, pero que en ninguno de ellos se hace mención a su condición de "municipio de Vigo"; y lo que resulta aún más chocante es que aparecen en el recorrido, dentro del propio municipio vigués indicadores de "a Vigo" en lugar de señalar "al centro urbano" o "centro ciudad", dando la sensación de que no se está en Vigo ya; detalles como este, son vitales para la adecuada integración poblacional y para la necesaria identificación territorial de quienes nos visitan. Cualquier Ayuntamiento del entorno, junto a la indicación principal de la población, hace constar "Concello de...".

El Alcalde de Vigo, en sus mensajes infunde optimismo y plantea un perfil de área metropolitana coincidente con lo que de manera natural y sociológicamente ya es un hecho pero, aunque es cierto que está entre sus principales intenciones, debe ponerse de manera inmediata a la labor de integración real, efectiva y definitiva del rural de su propio municipio o correrá el riesgo de situar a algunas zonas del mismo, aún a mayor distancia de lo que ya es suyo por derecho, sin necesidad de acuerdos previos, políticos o administrativos, toda vez que son propiamente VIGO, ciudad de la que él es Alcalde. Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez

43.Las variantes para Vigo del gobierno de Abel Caballero

Abel Caballero, infunde optimismo en sus mensajes. Se ha dirigido a los vigueses de todo el área metropolitana -no sólo a los de Vigo ciudad- con tono esperanzador. El Alcalde dice no disfrutar de vacaciones porque hay muchas cosas por hacer y su compromiso con la ciudad no le deja tomar unas vacaciones regladas, si bien, tampoco como Presidente del Puerto disfrutó de descanso estival el pasado año. Afirmó que, haber sido Ministro le sitúa en posición privilegiada a la hora de tratar con otros Ministros, con el propio Presidente del Gobierno y con los Presidentes de la Xunta o la Diputación. Comentó anecdóticamente que en las reuniones de la Ejecutiva socialista se sentaba al lado de Zapatero, lo que inevitablemente crea una relación directa de trato. Caballero aspira a ser para Vigo lo que Tierno Galván fue para Madrid. El urbanismo, supone la piedra angular de una de las problemáticas de la ciudad y, ha quedado patente la buena sintonía imperante entre los socios de gobierno, con el nombramiento de la nueva Gerente, tema que otrora trajo consigo la caída de la opción de progreso liderada por un socialista. Al respecto, con la aprobación del Plan, Caballero pretende seguridad jurídica y que algo más del 40% de las viviendas sean de precio tasado, eliminando la especulación del suelo, con ello los pisos valdrán la mitad, se trata de una cuestión técnica, dijo; es cuestión de que un hijo pague la mitad por su piso comprándolo frente al de sus propios padres, no en lugar distinto, esas son las 6.000 viviendas sociales para cuatro años que pretende alcanzar en su mandato junto a los nacionalistas.

42. ¿Cumple el Gobierno con la normativa de salúd laboral en sus propias empresas?

Cuando en una gran empresa pública, algunos de sus cargos ejercen en base a manifiestas ilegalidades, presiones y abuso de poder, acoso laboral...; cuando tales incumplimientos no son corregidos por los responsables máximos de la entidad e incluso por los responsables departamentales del Gobierno; sin duda alguna, estamos ante una manifiesta muestra de debilidad.

Cualquier estrategia por errada que resulte, por muy mal que puedan dirigir una sociedad cualquier Presidente empresarial y sus directivos; resulta imposible que en la práctica casi todas sus actuaciones se salgan del guión que marca la normativa en vigor, ¡algo más tiene que estar pasando!.

Repárese en que si hablamos de una empresa pública, que incumple con la normativa sobre salud y riesgos laborales, el impacto debe ser considerado como muy grave jurídicamente hablando pero, desde la perspectiva empresarial, social y política ¿qué calificativo le damos, tratándose de una empresa del Estado?

Partiendo de que, los individuos que dirigen dicha empresa, lo hacen en nombre del Estado, si hablamos de incumplimientos en materia de personal, ya sea en el ámbito del derecho laboral o administrativo, si se saltan a la torera las normas ¿donde reside la fides?.

Hace escasos meses, una autoridad cualificada de la Administración Pública me comentaba que la situación a que ha llegado Correos y Telégrafos, se podría calificar de "comodín" -muy peligroso en el Estado de Derecho-. En tal sentido estamos comprobando que se ha germinado una abstracta estructura sujeta al derecho privado, pero que mantiene ciertas vicisitudes sometidas al derecho público en materia de cierto personal, si bien en este último caso, pretende manejarse en base a una flexibilización que en puridad no puede llevar a cabo, cuando se trata de las relaciones estrictas con funcionarios públicos, pues estas relaciones deben estar sometidas necesariamente al derecho público, de lo contrario escapan al necesario control directo del Estado y por ende de la sociedad.

La cuestión, con el paso del tiempo, va adquiriendo tintes rocambolescos, hasta el punto de que en lo que a actos administrativos se refiere, en muchas ocasiones se contraviene el principio de confianza legítima, que debe imperar en todo acto que emane de la Administración Pública y que es vulnerado al dar forma empresarial a lo que por necesidad ha de ser por pura lógica un acto simple y llanamente administrativo.

Asimismo, en múltiples actuaciones empresariales, cuando pretende ejercer llanamente como empresa pero que tiene frente a sí a elementos, cuya relación está sujeta al Derecho Administrativo en base a que deben disponer de un control directo de los órganos del Estado, en estos casos, la cuestión se complica sobremanera y es cuando el abuso de poder deja en tela de juicio el buen hacer del Estado, puesto en manos de unos particulares causándose agravios comparativos sin parangón, contraviniéndose la propia Constitución en cuanto a la igualdad de los ciudadanos y actuándose contra los propios actos que emanan de la Administración Pública -venire contra factum propium non valet-.

Ahora que el Parlamento europeo les dice a los Estados miembros que exijan de los operadores postales de su ámbito, el estricto cumplimiento de la normativa interior y comunitaria, en materia de empleo, salud laboral, convenios colectivos, derechos humanos, etcétera; es cuando más control deberán ejercer los departamentos del Gobierno sobre esta empresa del Estado, en evitación de graves daños a sus empleados y de un posible agravio frente a los demás empresarios. No olvidemos que estamos ante la mayor empresa del país en número de trabajadores -laborales y funcionarios-. Si no se actúa con rigor en lo que está bajo su propia responsabilidad, con qué criterio podrá exigirse un adecuado comportamiento a los otros empresarios de este país.

A titulo de ejemplo, ¿de qué vale un Plan de choque para la siniestralidad, dirigido al conjunto de las empresas, si en la mayor del Estado y bajo la responsabilidad del Gobierno se incumplen las más elementales normas de salud y prevención de riesgos laborales?  Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez

41.La Organización Medica Colegial sale al paso ante los intentos de control sobre la actuación profesional de los médicos en España

Foto: Baldo

La Comisión Central de Deontología ha elaborado un informe, aprobado por unanimidad por la Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos; dicho informe que versa sobre el atropello que la Administración viene produciendo sobre los médicos inspectores -evaluadores de incapacidades en la Seguridad Social- sometidos a presión de índole económica respecto de sus complementos de productividad, al no dar un porcentaje mínimo de altas médicas en los reconocimientos realizados, dentro de su cometido evaluador, sin tenerse en cuenta ni respetarse su labor profesional pura y llana, frente a la patología y con plena y libre actuación facultativa. El informe no tiene desperdicio, por cuanto el máximo órgano institucional de los médicos sienta una postura clara sobre el respeto que debe tenerse a la actuación de los médicos en su labor de trato con los pacientes, la cual no debe sufrir intervención ni interferencia por tratarse de una actuación en la que el médico debe actuar con plena libertad de prescripción, cuestión que no puede limitarse con criterios meramente económicos. Pues bien, al estar hablando de la actuación de los médicos en su labor de trato con los pacientes y cuando el máximo órgano institucional profesional de los médicos habla de la plena libertad de prescripción; debemos recordar las múltiples pretensiones de intromisión en la labor de los médicos asistenciales, ya sean estos del INSS, de los Servicios de Salud transferidos o no, ya sean de entidades medicas concertadas con las Mutualidades de Funcionarios, todos ellos, en su labor de médicos al servicio de beneficiarios del sistema de Seguridad Social. Intromisiones que empiezan en las propias empresas, las cuales en base a la capacidad dada por el Estatuto de los Trabajadores al empresario para, dentro de las actividades de dirección y control, fiscalizar el estado de salud de sus trabajadores, éste (el empresario) viene utilizando a los médicos del servicio de prevención para tal cometido, médicos que cobran de la empresa y de alguna manera sufren coacción y en ocasiones entran a la misma presionando, a su vez, a los trabajadores. Tal cosa, no puede hacerse a través de tales médicos, que tienen sus funciones estrictamente reglamentadas y no es su cometido el control de los motivos de ausencia al trabajo, sino exclusivamente el preventivo establecido por la normativa de aplicación; pudiendo, no obstante, conocer los motivos de la baja por incapacidad temporal a los únicos efectos de la prevención, nada más. Por tanto es necesario resaltar, ante todo el colectivo de afectados, ya sean trabajadores del sector privado o del público que, de ser llamados por sus empresas o administraciones para pasar una consulta ante el médico de las mismas, deberá expresarse en la convocatoria el motivo de tal revisión, con expresión clara de si se trata de un control sobre los motivos de ausencia en base al Estatuto de los Trabajadores o, a los efectos de la prevención de riesgos; debiéndose asimismo indicar el médico que va a realizar tal actuación, a los efectos de la identificación del servicio que está actuando. Repárese en que, no puede hacerse control sobre motivos de ausencia, en los mismos locales, ni por los mismos facultativos, ni disponer de los mismos archivos de datos. Es competente en la materia, la Inspección de Sanidad, en gran medida transferida a las Comunidades autónomas, ante quién deberá solicitarse la intervención frente a la empresa haciendo una exposición de los hechos. Respecto de los incumplimientos de los facultativos, que se someten a las presiones de las empresas, es conveniente presentar denuncia ante el Colegio Médico del ámbito territorial correspondiente, el cual podrá amparar la situación del afectado y al mismo tiempo proteger al facultativo de las posibles presiones a que pueda estar sometido por la empresa o Administración Pública. Para muestra, la actuación del Consejo General de los Colegios Médicos de España en su Asamblea General de 25 de mayo de 2007, que ha salido en defensa de los facultativos evaluadores de incapacidades del INSS y por ende, en defensa de los derechos de los trabajadores o funcionarios afectados, beneficiarios del sistema de Seguridad Social. Destacar que ciertas grandes empresas de este país -no todas desgraciadamente-, vienen siendo galardonadas con premios a su labor en favor de las medidas de prevención y su escrupulosa actuación en lo que a la salud de sus trabajadores se refiere, todo hay que decirlo. Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez 

40. CCOO de Correos culpa a Zapatero de la posible inviabilidad de la Empresa Pública

Foto: Baldo

El líder de CCOO de Correos, llama prepotente al Gobierno de Zapatero; dice que toma una posición de vanguardia en el proceso de liberalización y desregulación defendida por la Comisión Europea. Habla, este "sindicalista" de que la inminente liberalización europea del sector postal pone en peligro la viabilidad de Correos.

 

A modo de integrante de un sindicato vertical, este señor parece olvidar que existen otras voces de carácter social, tanto dentro como fuera de Correos y sobretodo que fuera de la empresa pública, también ha de existir opinión cualificada de quienes tienen la potestad y el deber de velar por el interés de los ciudadanos, incluidos los empleados de Correos y Telégrafos.

El sindicato CCOO-Correos, en boca de su líder en el sector, considera que el Gobierno debería haber comenzado por definir el sistema de financiación del Servicio Postal Universal, para establecer cómo se paga el derecho de los ciudadanos a un servicio postal accesible y asequible; ya en otra ocasión hace escasamente un año le preguntábamos al "sindicalista" ¿por qué no se ha acordado usted antes?, se lo decíamos con jerga de mi tierra -tarde piaches-. No podemos olvidar las palabras por él dichas en su Congreso sindical celebrado en Santiago de Compostela, donde el ahora abrumado decía de quienes criticaban la liberalización sin pautas, que estaban desfasados por oponerse al futuro y a la marcha natural de las cosas. Decía el gran profeta de las comunicaciones: "este es el mejor de los males que nos pueden ocurrir", en aquel momento iba subido en la bola terráquea y criticaba a los detractores suyos y del Gobierno "aquel Gobierno" diciendo que acudían a la simpleza de "párese el mundo que yo me bajo" pues, según el visionario los que no veían las grandezas de la liberalización y los nuevos tiempos, se bajaban del tren del progreso. 

 Ahora, el líder de CCOO-Correos (que no debe confundirse con CCOO) critica y culpa al Gobierno de Zapatero, ¿por qué?, ¿con quién iba subido en la bola terráquea?. El Parlamento europeo, aprobó el pasado día 11 de julio, una enmienda -la 81- que afirma que los Estados: "exigirán a todos los operadores que respeten plenamente la legislación laboral a la que están sujetos, esto es, todas las disposiciones legales o contractuales relativas a las condiciones de empleo, a las condiciones de trabajo, incluidas la salud y la seguridad en el trabajo que los Estados miembros apliquen de conformidad con el Derecho nacional acorde con el Derecho comunitario" El Parlamento dice a los Estados que exigirán al operador postal que respete plenamente "la legislación de Seguridad Social a la que esté sujeto y los convenios colectivos celebrados entre los interlocutores sociales". ¿Se habrá enterado de esto el "sindicalista" de CCOO-Correos? 

No podemos olvidar que, CCOO-Correos firmó una clausula inconstitucional contraria a la igualdad de las trabajadoras y trabajadores y que, a pesar de existir una sentencia del Tribunal Supremo, no muestra una gran disposición ni prisa por exigir su cumplimiento y rectificar públicamente su actuación contraria a los intereses y derechos más elementales de los ciudadanos -trabajadores y trabajadoras-. Asimismo, el operador postal español parece no cumplir plenamente la legislación laboral, condiciones de empleo, condiciones de salud y seguridad en el trabajo, acorde con el Derecho nacional en relación con el Derecho comunitario. El Parlamento europeo, apoya en líneas generales la propuesta de liberalización de la Comisión europea, pero pide se retrase dos años más de lo propuesto, hasta diciembre de 2010. La Directiva busca la liberalización de los envíos inferiores a 50 gramos, hasta ahora protegidos, garantizando el servicio universal. CCOO culpa, ahora, al Gobierno de Zapatero. ¡Antes calló! Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez

39.Pedir perdón sí, a todos y todas

Hay para todos los gustos, se exige al PP pida perdón por las injurias a los policías del caso Bono, pero nadie se para a pensar en que el Tribunal supremo declaró existe trato desigual hacia los miles de trabajadores y trabajadoras afectados por una cláusula inconstitucional en las normas de acceso a las listas de contratación de Correos y Telégrafos. No puede dejar de decirse.

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia declarando que la clausula de exclusión de las listas de contratación de aquellas ciudadanas y ciudadanos que reclamaron sus derechos ante la justicia y han tenido sentencia favorable, resulta un acto contrario al derecho de igualdad consagrado por el artículo 14 de la Constitución. ¡Hablamos de una empresa estatal! Correos y Telégrafos suscribió, aplicó reiteradamente tal clausula de exclusión inconstitucional y sigue sin aplicar la Sentencia del Supremo. Algunos ciudadanos y ciudadanas han estado y están reclamando su derecho desde hace años, con la consiguiente pérdida profesional y económica así como, el desprecio moral y menoscabo de su dignidad. 

La empresa estatal y los titulares de la misma, deberán pedir perdón públicamente a las afectadas y afectados, indemnizarles por vía laboral y civil por los daños y perjuicios causados (algunos dependían de tales listas para dar de comer a sus hijos y se han quedado fuera desde hace años) y reponerles en las bolsas de contratación, en las mismas condiciones en que estaban en el momento de ser excluidas; al mismo tiempo deberán de estudiar si no tendrían que ser fijas en la empresa, dado que el nuevo sistema de acceso es precisamente a través de las referidas bolsas de contratación. Respeto por la dignidad de los policías que actuaron conforme a la Ley según una sentencia del Tribunal Supremo, restablecimiento e indemnización por los daños sufridos. Asimismo, sin dilación, respeto y restablecimiento inmediato de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de Correos tratados de manera desigual según una sentencia del mismo Alto Tribunal. Baldomero Gómez