Cualquier estrategia por errada que resulte, por muy mal que puedan dirigir una sociedad cualquier Presidente empresarial y sus directivos; resulta imposible que en la práctica casi todas sus actuaciones se salgan del guión que marca la normativa en vigor, ¡algo más tiene que estar pasando!.
Repárese en que si hablamos de una empresa pública, que incumple con la normativa sobre salud y riesgos laborales, el impacto debe ser considerado como muy grave jurídicamente hablando pero, desde la perspectiva empresarial, social y política ¿qué calificativo le damos, tratándose de una empresa del Estado?
Partiendo de que, los individuos que dirigen dicha empresa, lo hacen en nombre del Estado, si hablamos de incumplimientos en materia de personal, ya sea en el ámbito del derecho laboral o administrativo, si se saltan a la torera las normas ¿donde reside la fides?.
Hace escasos meses, una autoridad cualificada de la Administración Pública me comentaba que la situación a que ha llegado Correos y Telégrafos, se podría calificar de "comodín" -muy peligroso en el Estado de Derecho-. En tal sentido estamos comprobando que se ha germinado una abstracta estructura sujeta al derecho privado, pero que mantiene ciertas vicisitudes sometidas al derecho público en materia de cierto personal, si bien en este último caso, pretende manejarse en base a una flexibilización que en puridad no puede llevar a cabo, cuando se trata de las relaciones estrictas con funcionarios públicos, pues estas relaciones deben estar sometidas necesariamente al derecho público, de lo contrario escapan al necesario control directo del Estado y por ende de la sociedad.
La cuestión, con el paso del tiempo, va adquiriendo tintes rocambolescos, hasta el punto de que en lo que a actos administrativos se refiere, en muchas ocasiones se contraviene el principio de confianza legítima, que debe imperar en todo acto que emane de la Administración Pública y que es vulnerado al dar forma empresarial a lo que por necesidad ha de ser por pura lógica un acto simple y llanamente administrativo.
Asimismo, en múltiples actuaciones empresariales, cuando pretende ejercer llanamente como empresa pero que tiene frente a sí a elementos, cuya relación está sujeta al Derecho Administrativo en base a que deben disponer de un control directo de los órganos del Estado, en estos casos, la cuestión se complica sobremanera y es cuando el abuso de poder deja en tela de juicio el buen hacer del Estado, puesto en manos de unos particulares causándose agravios comparativos sin parangón, contraviniéndose la propia Constitución en cuanto a la igualdad de los ciudadanos y actuándose contra los propios actos que emanan de la Administración Pública -venire contra factum propium non valet-.
Ahora que el Parlamento europeo les dice a los Estados miembros que exijan de los operadores postales de su ámbito, el estricto cumplimiento de la normativa interior y comunitaria, en materia de empleo, salud laboral, convenios colectivos, derechos humanos, etcétera; es cuando más control deberán ejercer los departamentos del Gobierno sobre esta empresa del Estado, en evitación de graves daños a sus empleados y de un posible agravio frente a los demás empresarios. No olvidemos que estamos ante la mayor empresa del país en número de trabajadores -laborales y funcionarios-. Si no se actúa con rigor en lo que está bajo su propia responsabilidad, con qué criterio podrá exigirse un adecuado comportamiento a los otros empresarios de este país.
A titulo de ejemplo, ¿de qué vale un Plan de choque para la siniestralidad, dirigido al conjunto de las empresas, si en la mayor del Estado y bajo la responsabilidad del Gobierno se incumplen las más elementales normas de salud y prevención de riesgos laborales? Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez
1 comentario:
No les importan los trabajadores
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