68. Pasó el verano, ¿había malhechores?

Decíamos en el número 61 de este sitio: "de momento aún estamos en verano". Hablábamos entonces de la posibilidad de que ciertas personas estuvieran dictando resoluciones administrativas sin poseer potestades. En algún comentario al artículo, hubo queja por no expresar a que nos estábamos refiriendo. Terminábamos diciendo que con suerte podríamos seguir hablando. Es bueno recordar también el número 57, donde se hacía una exposición de lo que es Correos y Telégrafos, en tanto empresa y como han de otorgarse poderes para actuar en calidad de mercantil o cuando han de suponer la adjudicación de potestades para el ejercicio del derecho administrativo, respecto del personal funcionario. Pasó el verano y hemos podido comprobar que efectivamente, ciertas personas dictan resoluciones administrativas sin poseer poder del órgano de administración que les otorgue potestad administrativa. Por si fuera poco, otros empleados les sustituyen en su ausencia o firman por orden de aquel que no tiene poder, lo que hace más absurda y prepotente la situación. El redoble surge cuando un tercero, que tampoco tiene poder, revoca una resolución dictada por quien carecía de potestad para hacerlo. ¡Grotesco! La cuestión, además de resultar de mal gusto, viene a suponer una burla en toda regla al Estado de Derecho. Es de presumir que estamos ante un delito, se trata de una cuestión de carácter público e interés general a denunciar por todo ciudadano que tenga conocimiento de ello. La ley debe ser cumplida y respetada. Hasta la fecha, ciertas irregularidades de mucho calado han sido reparadas por la justicia, sin que mediara intervención previa de la autoridad administrativa. Llama la atención, observar que otros órganos de la Administración en sus relaciones con estos individuos, no reparan en estos detalles, quizás porque no alcanzan a suponer, bajo ningún concepto, que alguien pueda atreverse a hacer tal cosa y, consecuentemente supongan que actúan con plena posesión de poder y legitimación, pasando así de contrastarlo. No debe pasarse por alto que, tales actos administrativos están causando daños considerables, económicos y morales, a personas con patologías que ven como en ocasiones, se les deniegan licencias por quienes no tienen potestad o se revocan irregularmente otras que habían sido concedidas también de forma irregular. El tema no tiene desperdicio, ha sido puesto en conocimiento del Ministerio de Administraciones Públicas; fue comunicado asimismo en su momento a algún alto responsable de la empresa que llegó a dar por respuesta que no venían obligados a dar información sobre la situación personal del empleado de quién se pedía dijeran si poseía poder para actuar en actos administrativos, en otros casos, todavía no han dado respuesta ¿por qué?, ¿qué impide un actuación inmediata ante una denuncia de esta envergadura?. Ahora bien, de cualquier manera, con independencia del cese de tales actuaciones y la consecuente modificación de actitud, en pro de la decencia se hace necesario denunciar puntualmente cada caso con nombres y apellidos, exigiéndose la correspondiente indemnización para aquellos que de alguna forma puedan haber resultado dañados, léase enfermos a quienes se le han otorgado, se les vengan otorgando, así como, a quienes se les denegaron licencias de enfermedad; entiéndase también casos en los que se emiten informes de situación administrativa, o que tratan sobre materia de una patología, o que se han visto privados de emolumentos por incumplimientos de aplicación o adecuación en materia de prevención de riesgos laborales; en todos los casos, en los que han mediado Jefes provinciales, sus sustitutos y otros empleados sin tener poder nominativo al efecto, emanado del órgano de administración, como establece la Ley. Es bueno para todos, eliminar prepotencias, aislar a los malhechores para que en lo posible prevalezca la bonhomía. Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez