Foto: Baldo
Se dice en un medio digital que la Ministra de Fomento tiene mucho poder y, además, mucho poderío. Me alegra saber que ello es así y que, Doña Magdalena tiene los medios para dar solución a ciertas barrabasadas que se vienen imponiendo en la empresa pública Correos y Telégrafos.
A la memoria de todos nos pueden llegar políticos y altos cargos públicos con poderío y poder que lo perdieron fugazmente y acabaron muy mal parados. Nos puede llegar fácilmente al recuerdo de haber visto, no una vez sino varias, caer en el descrédito y en su consecuente desazón a quienes ocupaban puestos de mucha responsabilidad y con muy alto poder de decisión. Muchas veces la caída de
quién por sus méritos y su propia valía ejerce cierto poderío, se produce por la cerrazón o el despiste y en otras ocasiones, por la tozudez y la insistencia en favorecer una manera inadecuada de hacer las cosas o, en proteger a algún personaje incompetente que desdibuja con sus actuaciones, los principios más elementales exigibles en un Estado Social y de Derecho, cargándose los argumentos básicos del partido en el poder y que le sostiene.
Si en un país como España, tenemos una empresa que tiene 67.000 empleados y su ámbito de actuación se extiende por todo el Estado, llegando hasta el lugar más recóndito de la geografía -peninsular e insular-; desde la perspectiva empresarial habrá de ser modélica y vigilar que sus actuaciones y su conformación organizativa se ajusten a la legalidad vigente y, ello habrá de ser así por dos razones; una que toda organización empresarial lógica y necesariamente deberá cumplir con lo establecido en la Constitución y en las leyes y; otra, que tratándose de una empresa pública con capital 100 por 100 del Estado, ante cualquier irregularidad normativa cometida por sus gestores, deberá traer como consecuencia la depuración de responsabilidades e incluso el inmediato cese de quienes hayan cometido delito o fraude.
Si una Ministra tiene mucho poder y, además, mucho poderío; habrá de adoptar medidas contundentes cuando se produzcan en una empresa de tal envergadura que es de su ámbito de competencia, anomalías tales como falta de cumplimiento del respeto a los derechos fundamentales amparados por la Constitución española, incompatibilidades, incumplimientos en materia de salud laboral, abuso de poder y maltrato moral a sus empleados, irregularidades administrativas en materia de personal, falsificación documental, agravios comparativos y, un largo etcétera que casi da vergüenza describir al hablar de una sociedad que debería ser el modelo a seguir por cualquier otra organización empresarial, dado su tamaño, su expansión y titularidad.
Fracasar en la organización o, en la transitoriedad propia del cambio de marco jurídico de una empresa de estas características, es una muestra fehaciente de una posible incompetencia como gestores de quienes directamente la dirigen pero, también debe entenderse principalmente como un fracaso rotundo de la Ministra que lo tutela y por ende del propio Gobierno.
Tales irregularidades graves a tan alto nivel, no dicen nada bueno de quién las consiente, por mucho poder y, además, mucho poderío que tenga.
Salvo mejor parecer
Baldo
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