Ahora toca al Senado manifestarse sobre el Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El Proyecto ha sido aprobado por el Congreso y ha tenido entrada en el Senado el pasado día 2 de enero para ser tratado por la Comisión de Administraciones Públicas. La ocasión la pintan calva pues se hace necesario que las organizaciones sindicales, sin distinción, hagan sus intervenciones ante los distintos grupos políticos en el Senado para introducir aquellos cambios más acuciantes en lo que al futuro de los funcionarios se refiere.
Así, entre otras cosas, ante el planteamiento del Proyecto de Ley que establece la aparición de la figura de los Directivos y crea los nuevos: grupo A (subgrupos A.1 y A.2 que se accede con titulación de grado universitario) que engloba a los actuales A y B; grupo B (que se accede con titulación de técnico de Formación Profesional superior); grupo C (subgrupos C.1 y C.2 que se accede respectivamente con las titulaciones de bachillerato o técnico y, la de graduado en educación secundaria obligatoria que engloba a los actuales C y D); y por último las Agrupaciones Profesionales (que engloban a los actuales E). A mi entender, resulta prioritaria la exigencia de una modificación radical en el planteamiento de los grupos profesionales, eliminándose los subgrupos que han quedado establecidos en el Proyecto de Ley citados más arriba y ello porque, para un mayor acercamiento a la Unión Europea nada mejor que aprovechar la nueva regulación de este Estatuto para implantar un modelo de grupos profesionales próximo al de los funcionarios europeos, en cuyo estatuto tienen establecidos dos grupos, uno de Administradores que abarcan 14 grados, con 3 escalones y, otro de Asistentes que abarca 11 grados, con 5 escalones.
La regulación pretendida en España viene a sustituir los antiguos cinco grupos por siete nuevas categorías (directivos; A.1; A.2; B; C.1; C.2 y agrupaciones profesionales) con retribuciones distintas cada una de ellas.
Asimismo, en lo que se refiere a los funcionarios de Correos y Telégrafos, el artículo 5 del Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece: “El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto”.
A mi entender debería ser redactado del siguiente tenor: “El personal funcionario que presta servicios en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos conserva su condición de funcionario de la Administración del Estado con pleno respecto de sus derechos adquiridos en el momento de la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad estatal. Se regirán por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto que es base de su régimen estatutario al amparo de los artículos 103 y 149.1.18 de la Constitución”.
Lamentar que el Gobierno no haya tenido en cuenta a los propios interesados a través de sus representantes, a la hora de definir su régimen estatutario. Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez
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